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DERECHO PROCESAL PENAL. PROFESORA: CONCEPCIÓN ORTEGA.TEMA 2 - LOS TRIBUNALES PENALES. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.
I. PLANTA Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRIBUNALES PENALES.
Los órganos jurisdiccionales que ejercen jurisdicción en el orden penal son los siguientes:
A) Los Juzgados de Paz:
Están situados en municipios donde no existe Juzgado de Primera Instancia e Instrucción. Los jueces de paz son
nombrados por la Sala de Gobierno del TSJ Y el nombramiento recaerá en las personas elegidas por el respectivo
ayuntamiento, sin que sea necesario que dichas personas sean licenciados en derecho.
En cuanto a sus atribuciones en el orden penal, hoy día, tras la supresión de las faltas, los juzgados de paz sólo puede
intervenir en actuaciones penales de prevención, o por delegación, y en aquellas otras que señalen las leyes.
B) Los Juzgados de Instrucción:
Unidad territorial integrada por uno o más municipios limítrofes, pertenecientes a una misma provincia, y al frente de
cada partido judicial se encuentra en los juzgados de primera instancia e instrucción con funciones tanto civiles como
penales. A los juzgados del de instrucción les corresponde fundamentalmente la instrucción de las causas por delitos
así como el conocimiento y fallo de los juicios sobre delitos leves.
C) Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer:
En cada partido judicial habrá uno o más juzgados de violencia sobre la mujer con sede en la capital de aquel partido
judicial y jurisdicción en todo su ámbito territorial. En el orden penal, tienen funciones similares a los juzgados de
instrucción, pero con relación a una serie de delitos, siempre y cuando la víctima sea alguna de las personas
mencionadas en el artículo 87 ter. 1º a) LOPJ.
D) Los Juzgados de lo Penal:
En cada provincia, habrá uno o varios juzgados de lo penal. Les corresponde conocer y fallar de las causas penales
instruidas por los juzgados de instrucción o juzgados de violencia sobre la mujer, cuando se trate de delitos menos
graves.
E) Los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria:
En cada provincia habrá uno o varios, que tendrán las funciones jurisdiccionales previstas en la Ley General
Penitenciaria en materia de ejecución de penas privativas de libertad y medidas de seguridad.
F) Los Juzgados de Menores:
En cada provincia habrá uno o más juzgados de menores, a quienes corresponde conocer de los juicios penales
cuando los investigados fueren menores de edad penal.
G) Los Juzgados Centrales de Instrucción, Juzgado Central de lo Penal, Juzgado Central de Menores y Juzgado Central
de Vigilancia Penitenciaria:
Se sitúan en Madrid y tienen jurisdicción en toda España. Les corresponde conocer de las funciones anteriormente
señaladas pero con relación a las causas por determinados delitos (artículo 65 LOPJ).
H) Las Audiencias Provinciales:
Tienen su sede en la capital de la provincia y extienden su jurisdicción a toda ella. Les corresponde conocer y fallar de
las causas penales por delitos graves y conocen también de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones
dictadas por los juzgados de instrucción y de lo penal de la provincia.
I) La Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas:
Extiende su jurisdicción al territorio de la comunidad autónoma y en el orden penal conoce del recurso de apelación
contra las sentencias dictadas por las audiencias provinciales. Además, también conocen en única instancia de los
procesos penales dirigidos contra determinadas personas (aforados).
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, DERECHO PROCESAL PENAL. PROFESORA: CONCEPCIÓN ORTEGA.
J) La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional:
La audiencia Nacional tiene jurisdicción en toda España. Su sala de lo penal conocerá del enjuiciamiento de las causas
por los delitos a qué se refiere el artículo 65 LOPJ cuando se trate de delitos graves Y de los recursos que establezca la
ley contra las sentencias y otras resoluciones de los juzgados centrales. Su Sala de Apelación conocerá de los recursos
de apelación que establezca la ley contra las resoluciones de la Sala de lo Penal.
K) La Sala de lo Penal (Sala Segunda) del Tribunal Supremo:
Tiene jurisdicción en toda España. Conocerá del recurso de casación y de la revisión penal. Además, conocerá en única
instancia de los procesos penales dirigidos contra determinadas personas (aforados).
L) La Sala Especial del Tribunal Supremo del art. 61 LOPJ:
Formada por el presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de sala y el magistrado más antiguo y más moderno
de cada una de ellas. Conocerá de la instrucción y el enjuiciamiento de las causas contra los presidentes de sala o
contra los magistrados de una Sala, cuando sean juzgados todos o la mayor parte de los que la constituyen.
II. EXTENSIÓN Y LÍMITES DE LA JURISDICCIÓN PENAL ORDINARIA.
En principio, la jurisdicción se extiende a todas las personas, a todas las materias y a todo el territorio español, en la
forma establecida en la Constitución y en las leyes. Sin embargo, con relación a la jurisdicción penal debemos señalar
la existencia de ciertos límites a dicha regla (límites objetivos, territoriales y subjetivos).
LÍMITES OBJETIVOS
Los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional penal tendrán atribuido el conocimiento de las causas y juicios
criminales, con excepción de los que correspondan a la jurisdicción militar.
LÍMITES TERRITORIALES
Los juzgados y Tribunales integrantes del Poder Judicial español van a conocer de los delitos que se cometan en el
territorio español y, excepcionalmente, de determinados delitos cometidos en el extranjero.
• Principio de territorialidad: el art. 23.1 LOPJ dispone que en el orden penal corresponderá a la jurisdicción
española el conocimiento de las causas por delitos cometidos en territorio español o cometidos a borde
de buques o aeronaves españolas, sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en los que
España sea parte.
Los jueces españoles conocen de los delitos cometidos en territorio español, hayan sido cometidos por
español o extranjero.
• Principio de personalidad o nacionalidad: según éste principio cada ciudadano se halla siempre sometido
a la Jurisdicción de su país y por tanto podría ser juzgado por los órganos jurisdiccionales de su país.
También conocerá la jurisdicción española de los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio
nacional, siempre que los criminalmente responsables fueren españoles o extranjeros que hubieran
adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho y concurren los siguientes
requisitos:
- Que el hecho sea punible en el lugar de ejecución, salvo que en virtud de un Tratado internacional
o de un acto normativo de una Organización internacional de la que España sea parte, no resulte
necesario dicho requisito.
- Que el agraviado o el Ministerio Fiscal interpongan querella ante los Tribunales españoles.
- Que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero, o no haya
cumplido la condena en éste último caso. Si sólo la hubiere cumplido en parte, se le tendrá en
cuenta para rebajarle proporcionalmente la que le corresponda.
Si el español fuera detenido en el lugar de comisión del delito, normalmente serán los órganos
jurisdiccionales de dicho país los que le juzgarán.
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