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Ejecución de los contratos administrativos
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Apuntes de derechos de contratos públicos
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LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOCobra más importancia la ejecución, desde el punto de vista
económico.
Estas posiciones existen en el ámbito privado esto es una cosa
sencilla, pero en el ámbito público es más complicado por la
intervención de la administración.
POSISION JURIDICA DEL CONTRATISTA
La principal obligación del contratista es la ejecución de la prestación
del contrato.
Esta ejecución la ha de cumplir el contratista a tenor de las propias
clausulas del contrato. El art. 192 LCSP regula el incumplimiento
parcial o cumplimiento defectuoso del contrato.
Pueden producirse de que el contrato no se ejecute según sus propias
cláusulas, y si esto se constata surge la posibilidad de la imposición
por parte del ente administrativo de penalidades económicas que no
pueden superar 10% del contrato.
El contratista debe ejecutar el contrato en los plazos establecidos.
Si la demora en la ejecución del contrato se produce por causas no
imputables al contratista se prevé la concesión de una prorroga en
la ejecución del contrato. Esto viene recogido en el art. 195 LCSP.
Si la causa de la demora es imputable al contratista pueden surgir
al menos dos situaciones:
La administración puede resolver el contrato. Esto se da
cuando la situación tiene una gran envergadura y lo decide
la administración.
La administración puede imponerle una penalidad diaria de
0,60 € por cada mil del montante del contrato. Esta es la
situación mas habitual.
La posición del contratista queda fijada por el principio de que la
ejecución del contrato queda a riesgo y ventura del contratista. La
administración no obliga a ofertar. Sobre dicho principio hay que
establecer una serie de limites porque junto al principio de riesgo y
ventura hay que tener en cuenta el principio del equilibrio económico
financiero del contrato que es el que se reflejo en la oferta del
contrato.
o El ordenamiento prevé el derecho de la administración de variar el
contrato (ius variandii). Porque prima el interés general y las
circunstancias motivadas puede hacer que la administración
cambie algunas circunstancias, además hay que incluir una
indemnización necesaria.
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