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Sumario TEMA 3: La Hacienda Pública en la Constitución Española. Los principios constitucionales del Derecho financiero. Los derechos y garantías de los obligados tributarios. La financiación de las Haciendas territoriales.5,49 €
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Sumario TEMA 3: La Hacienda Pública en la Constitución Española. Los principios constitucionales del Derecho financiero. Los derechos y garantías de los obligados tributarios. La financiación de las Haciendas territoriales.
Oposición a Inspección de Hacienda. 4º Ejercicio.
Derecho Constitucional y Administrativo.
TEMA 3: La Hacienda Pública en la Constitución Española. Los principios constitucionales del Derecho financiero. Los derechos y garantías de los obligados tributarios. La financiación de las Haciend...
TEMA 3: La Hacienda Pública en la Constitución Española. Los principios
constitucionales del Derecho financiero. Los derechos y garantías de los obligados
tributarios. La financiación de las Haciendas territoriales.
1. LA HACIENDA PÚBLICA EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
La Constitución Española busca lograr un equilibrio entre la actuación intervencionista de la
Administración y el funcionamiento de la economía de mercado. Por lo tanto, encontramos en
ella dos clases de normas:
- Las que intentan establecer las reglas básicas del funcionamiento de la economía
- Y las que permiten a la Administración intervenir en dicho funcionamiento en defensa de
algún derecho de contenido económico o social.
1.1. REGLAS BÁSICAS DE FUNCNIONAMIENTO DE LA ECONOMÍA
Las reglas básicas del funcionamiento de la economía se encuentran recogidas en la Sección
2ª del Capítulo II del Título I de la CE. Entre otros, encontramos:
- Artículo 33 CE: derecho a la propiedad privada y a la herencia
- Artículo 38 CE: libertad de empresa en el marco de la economía de mercado
- Artículos 7, 28 y 37 CE: derechos de negociación colectiva, sindicación, asociación
empresarial y huelga
1.2. LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA POLITICA SOCIAL Y ECONÓMICA
Dentro del Capítulo III del Título I de la CE se han enumerado una serie de derechos sociales
que han de condicionar el funcionamiento de los poderes públicos, directamente vinculados con
la definición del Estado como Estado Social. En función de la finalidad que persiguen, se pueden
agrupar en los siguientes derechos sociales:
- Protección de la familia, la infancia y la juventud (arts. 39 y 48 CE)
- Progreso social y económico (art 40 CE)
- Asistencia y prestaciones sociales (arts. 41, 49 y 50 CE)
- Protección de los trabajadores y sus condiciones laborales (arts. 40.2, 42 y 52 CE)
- Protección de la salud, y fomento de la educación sanitaria, educación física, deporte y
garantía de la defensa de consumidores y usuarios (arts. 43 y 51 CE)
- Protección de la cultura, la ciencia y la investigación (art. 44 CE)
- Protección del medio ambiente y el patrimonio histórico artístico (arts. 45 y 46 CE)
- Acceso a la vivienda (art. 47 CE)
, 1.3. PRINCIPIOS ECONÓMICOS CONSTITUCIONALES
En el Título VII de la CE sobre Economía y Hacienda se encuentran las disposiciones a través
de las cuales se permita que la Hacienda Pública interfiera en el funcionamiento de la economía
de mercado.
1.3.1. El principio de unidad y de subordinación de la riqueza al interés general
Como consecuencia directa del principio de unidad política recogido en el articulo 2 de la
CE, se fija un marco en el que se pretende que las condiciones básicas del mercado sean las
mismas para todo el territorio nacional.
Por una parte, esto supone reservar al Estado las competencias más estrechamente ligadas con
la unidad del mercado, dispuestas en el artículo 149.1 de la CE. Por otra, el principio de unidad
supone un límite genérico para el ejercicio de sus competencias por las CC. AA., como deriva,
entre otros, de los artículos 138.1 y 2, y 139.2 de la CE.
Además, otra consecuencia de este principio es la subordinación de toda la riqueza del país
al interés general, con la obligación de los poderes públicos de atender a la modernización y
desarrollo de todos los sectores económicos a fin de equiparar en nivel de vida de todos los
españoles.
1.3.2. El sector público y la intervención pública en el sector privado
El art. 128.2 de la CE reconoce la iniciativa pública en la actividad económica, por lo que el
Estado, las CC.AA. o los entes locales están legitimados para desarrollar actividades
empresariales. Además, cuando se considere que determinados recursos o servicios tienen un
carácter especial, podrán reservarse al sector público mediante ley. El sector público también
puede intervenir en el sector privado en determinadas situaciones, recogidas en los artículos
128.2, 129.2 y 131 de la CE.
2. LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL DERECHO FINANCIERO
Según Sainz de Bujanda, el Derecho Financiero se define como la disciplina que tiene por
objeto el estudio sistemático de las normas que regulan los recursos económicos que el Estado y
los demás Entes Públicos pueden emplear para el cumplimiento de sus fines, así como el
procedimiento jurídico de percepción de los ingresos y de ordenación de los gastos y pagos que
se destinan al cumplimiento de los servicios públicos.
Los principios del Derecho Financiero vienen recogidos en la Constitución, dividiéndose en
los siguientes:
2.1. PRINCIPIO DE COMPETENCIA ESTATAL
Por el que el Estado tiene competencia exclusiva sobre lo referente a la Hacienda general,
recogiendo la actividad financiera, en cuanto a su régimen general en el artículo 149.1.
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