Historia de España 2º Bachillerato 2022/23 Estándares preferentes. Ángel Pastor
Bloque 10. La II República Española y la
Guerra Civil
1. Causas que llevaron a la proclamación de la II
República. La influencia de la crisis económica
mundial de los años 30
a) Causas de la proclamación de la II República
La creciente agitación ideológica surgida desde finales del régimen de
Primo de Rivera enseguida tendió hacia la radicalización y el principal
perjudicado de ese proceso fue el propio Alfonso XIII, estrechamente
vinculado al descrédito de la Restauración y a la dictadura primorriverista.
Desde 1930, los principales partidos de la oposición al sistema (republicanos
y nacionalistas) habían acordado en el Pacto de San Sebastián (agosto de
1930), al que se incorporaron después socialistas y algunos anarquistas,
instaurar un régimen republicano mediante un alzamiento militar apoyado
por civiles y a continuación elaborar un estatuto de autonomía para
Cataluña.
Pero la causa inmediata de la caída de la Monarquía fue el resultado
de las elecciones municipales de abril de 1931, que otorgaron una
mayoría de concejales monárquicos, aunque sólo en áreas rurales y
pequeñas ciudades, entornos controlados aún por el caciquismo. Sin
embargo, la victoria republicana fue clara en 41 de las 50 capitales de
provincia y otras grandes ciudades. Tales resultados llevaron al jefe del
Ejecutivo, el almirante Aznar, a presentar su dimisión, por lo que al Rey no
le quedó más opción que el exilio. El 14 de abril miles de manifestantes
salieron a las calles de muchas localidades tarareando el himno de Riego y
cánticos republicanos; en muchas de ellas se produjeron disturbios, pero la
II República Española fue proclamada extraoficialmente. A las primeras
de cambio, el general Sanjurjo, todavía despechado por el desplante de
Alfonso XIII tras el abandono de Primo de Rivera, puso la Guardia Civil al
servicio de las nuevas autoridades republicanas.
b) Los efectos de la crisis económica mundial de los años treinta
Después del espejismo que significó en lo económico el periodo de
Primo de Rivera, las repercusiones de la crisis internacional iniciada con el
crash bursátil de 1929 en EE.UU. comenzaron a llegar a España, aunque de
modo atenuado por el proteccionismo al que ya estaba sometida la
economía española. De hecho, la depresión no empezó a repercutir
realmente en España hasta 1933, cuando el paro y la inflación, hasta ese
momento controlados, comenzaron a desbocarse. Como era de esperar, la
economía nacional se vio arrastrada por la contracción de la economía
internacional. Las exportaciones cayeron en picado debido a las medidas
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proteccionistas adoptadas por los clientes tradicionales (Inglaterra y
Francia) y también por el hundimiento de los precios en los mercados
internacionales. Otro elemento fue el colapso de las inversiones
extranjeras en España, que no solo obedeció a la crisis económica
internacional, sino también a la creciente incertidumbre política española.
Por otro lado, la economía de la II República tenía sus propios problemas
internos, especialmente la desconfianza ante la situación política, el
boicot de terratenientes y capitalistas hacia el régimen republicano, así
como la radicalización y conflictividad social constante protagonizada por
campesinos y obreros. A ello se sumó el hecho de que la tradicional
emigración de españoles hacia Francia y América se interrumpió ante la
crisis de estos territorios, lo que supuso un considerable incremento del
desempleo.
2. Características esenciales de la Constitución de
1931
En mayo se creó una comisión encargada de elaborar un
anteproyecto de Constitución que daría lugar a un texto de 104 artículos
de corte liberal, con predominio de los sectores moderados e inspirada en
los textos de 1812, 1837 y 1869, así como en la Constitución de Weimar
de 1919. Se admitía la autonomía de Cataluña con fines administrativos y
se admitía que la Iglesia podía crear sus propios centros escolares. Se
contemplaba un Parlamento bicameral y una Jefatura del Estado con
amplios poderes, incluyendo el derecho de veto y el de disolver las
Cámaras. Pero el anteproyecto no agradó al Gobierno, partidario de texto
más rupturista con el pasado. Se encargó un nuevo proyecto
constitucional a otra comisión que entregó en agosto (tras tres meses de
agrias discusiones en el parlamento) un nuevo texto de 121 artículos
diseñados a la medida de la coalición socialista-radical. El discurso de la
izquierda se impuso a las tesis de los republicanos de centro y derecha,
que abogaban por un régimen unitario, respetuoso con el orden
socioeconómico previo, el catolicismo y el conservadurismo liberal. En
los debates parlamentarios sobre la inclusión del sufragio femenino, su
más firme defensora fue la diputada del P. Radical Clara Campoamor, pero
entre quienes manifestaron una mayor oposición estuvo otra mujer,
Victoria Kent, del P. Radical Socialista, porque consideraba que las
españolas estaban aún demasiado influenciadas por el clero y su voto se
dirigiría hacia la derecha antirrepublicana. El voto femenino finalmente
salió adelante gracias al apoyo, no unánime, del grupo socialista. En
realidad, el proceso lo había iniciado el Gobierno Provisional, que había
emitido un decreto en mayo de 1931 que modificaba la Ley Electoral de
1907, lo que posibilitó la llegada de las tres primeras diputadas al
Parlamento en junio de 1931: Clara Campoamor (Partido Radical),
Victoria Kent (Partido Radical-Socialista) y Margarita Nelken (Partido
Socialista). Finalmente se aprobó un texto que dibujaba una República de
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corte federal y unicameral, al considerarse el Senado una institución
ultraconservadora. Se marcó una clara separación entre Iglesia y Estado y
se decretó la disolución de las órdenes religiosas, así como la
nacionalización de sus bienes.
Finalmente, la nueva Constitución fue aprobada en Cortes en
diciembre de 1931, con ningún voto en contra, pues la aprobación del
artículo 26, claramente anticlerical, había motivado la retirada del
Parlamento de los diputados católicos y de la minoría vasco-navarra,
iniciando una insalvable ruptura entre el nuevo régimen y el nacionalismo
vasco. El texto definitivo, de 125 artículos, pretendía transformar
radicalmente España en un tiempo récord. Fue un texto claramente
izquierdista, resultante del pacto entre socialistas y republicanos
progresistas, considerablemente avanzado para la época. El Título
Preliminar se abría con la definición del régimen: República de los
Trabajadores; aunque garantizaba los derechos de propiedad admitía la
expropiación forzosa en caso de necesidad, lo que suscitó el rechazo
inmediato de la derecha. También problemática fue la cuestión
territorial, pues las derechas se oponían al modelo federal de los
catalanistas, pero los republicanos se habían comprometido en San
Sebastián a la creación de un régimen descentralizado. Finalmente se
incluyó la ambigua fórmula Estado Integral para hacerla compatible con
las aspiraciones nacionalistas de ERC. En cuanto al nacionalismo vasco,
que no había participado en el Pacto de S. Sebastián, puso en marcha su
propio proyecto de Estatuto, que privaba del derecho al voto a los
inmigrantes y contemplaba la firma de un concordato entre el futuro
Estado Vasco y la Santa Sede.
Por lo que se refiere a la división de poderes, el poder Ejecutivo
recaía en el Jefe del Estado, esto es, el Presidente de la República, que
sería elegido por las Cortes cada seis años. Tendría amplios poderes, como
nombrar al Jefe de Gobierno (siempre que éste contase con la confianza
de la Cámara, lo que suscitaría innumerables conflictos entre los
presidentes del Gobierno y de la República), convocar y disolver las
Cortes, promulgar leyes, gobernar mediante decretos presidenciales
provisionales y ejercer el derecho de veto legislativo. Además, tenía la
potestad de sancionar los tratados de paz y las declaraciones de guerra.
Para contrarrestar tan amplios poderes, la Constitución contemplaba que
el Jefe del Estado podría ser destituido por el Tribunal de Garantías
Constitucionales o por el Parlamento en el caso de que hubiera disuelto las
Cortes más de dos veces en una misma legislatura. Además, si recurría a
una segunda disolución estaría obligado a fundamentar
adecuadamente ante las nuevas Cortes su decisión. También se
contemplaba la moción de censura, que requeriría de la mayoría
absoluta de los diputados. Por lo que se refiere al poder Legislativo, las
Cortes tenían carácter unicameral, formadas por diputados elegidos por
sufragio universal entre todos los ciudadanos mayores de 23 años. Sus
funciones eran las tradicionales de cualquier cámara legislativa: elaborar y
aprobar leyes, controlar la labor del Ejecutivo y aprobar los
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