5.1. Isabel II: las Regencias. Las guerras carlistas. Los grupos políticos, el Estatuto Real de
1834 y la Constitución de 1837
Al morir Fernando VII (1833), su mujer, María Cristina, asumió la regencia, ya que su hija
Isabel II sólo tenía 3 años de edad. Antes de morir, Fernando VII había aprobado la
Pragmática Sanción, pero esta no se había publicado, por lo que su hermano, Carlos María
Isidro, reclamó el derecho al trono a través del Manifiesto de Abrantes (1833), dando
comienzo así a la 1ª guerra carlista (1833-1839). El bando carlista fue apoyado por los
miembros más conservadores de las principales instituciones y por las potencias más
conservadoras de Europa: Rusia, Prusia y Austria. El bando cristino fue apoyado por los
liberales y absolutistas moderados, además de por Reino Unido, Francia y Portugal que
proporcionaron armamento, financiación y voluntarios. El conflicto se dividió en tres fases.
En la primera fase (1833-1835), se produjo una iniciativa carlista, donde los carlistas se
hicieron fuertes en Navarra y País Vasco, dirigidos por Zumalacárregui. En la segunda fase
(1835-1837), los liberales recobraron la iniciativa y los carlistas realizaron numerosas
incursiones por el país e intentaron llegar a Madrid (Expedición Real de Carlos V), pero
fracasaron. En la última fase (1837-1839), las victorias de los liberales, al mando de
Espartero, y la división del carlismo, facilitó la firma de la paz en el Convenio de Vergara
(1839) entre Maroto y Espartero. Como consecuencias de la guerra se implantó el
liberalismo definitivamente en España, se generó una crisis económica y se retrasó la
industrialización del país, entre otras. Entre 1846 y 1849 se produjo la segunda guerra
carlista, debido al fracaso de la boda de Isabel II y el candidato carlista (rechazado), y entre
1872 y 1876 se produjo la tercera guerra carlista. Durante la regencia de María Cristina
(1833-1840) se sucedieron distintos gobiernos. Tras la muerte de Fernando VII, Cea
Bermúdez continuó al frente del gobierno continuista, formado principalmente por
absolutistas moderados. En este gobierno se produjo la actual división provincial (Javier de
Burgos). Este gobierno cae en enero de 1834, iniciándose así el nuevo gobierno de
Francisco Martínez de la Rosa (liberal moderado). Se redacta el Estatuto Real (1834), el
cual se trata de una Carta Otorgada (sin soberanía nacional, ni derechos). Este establecía
Cortes legislativas muy conservadoras, restrictivas y con escaso poder: Estamento de
Próceres (elección real) y el Estamento de Procuradores (sufragio restringido). El Estatuto
Real sólo contentó a los liberales moderados, pero no a los progresistas, además durante
este gobierno se produjo una transición de la monarquía absoluta a la monarquía
constitucional. Este gobierno contó con numerosos problemas y oposición, por lo que la
regente se vio forzada a entregar el gobierno a los progresistas para frenar las
sublevaciones. En 1835 comenzó el gobierno de Juan Álvarez Mendizábal (liberal
progresista), el cual puso en práctica la legislación de Cádiz y el Trienio, inició la reforma del
Estatuto Real y en 1836 llevó a cabo la medida más importante de su gobierno, la
desamortización de bienes de la Iglesia. En mayo de 1836 tuvo lugar el gobierno de
Francisco Javier Istúriz (liberal moderado). Este decidió disolver las Cortes, lo que provocó
el Motín de la Granja, en el que los progresistas obligaron a Mª Cristina a firmar la
Constitución de 1812 y a entregar el gobierno a los progresistas. En agosto de 1836,
comenzó el gobierno de José María Calatrava (liberal progresista), que continuó con la obra
de Mendizábal y durante su gobierno se elaboró la Constitución de 1837 (Argüelles y
Olózaga). Esta Constitución era liberal progresista, estableció la soberanía nacional
(conjunta entre el Rey y Cortes), se produjo la división de poderes, estableció numerosos
derechos, la confesionalidad del Estado católico y libertad religiosa y el sufragio censitario
restringido. Entre 1837 y 1840 se sucedieron distintos gobiernos moderados que llevaron a
