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ESPAÑA EN SU DIVERSIDAD REGIONALEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DE ESPAÑA
España es uno de los estados más antiguos de Europa y, sin embargo, sigue la discusión sobre su identidad e
incluso sobre su unidad. En la base de la discutible unidad de España hay razones geográficas. España es, ante
todo, un país de contrastes geográficos, casi un continente en miniatura. Su territorio está muy compartimentado
por el diseño del relieve, y su diversidad potenciada por la variedad física (litológica, edáfica, climática,
biogeográfica...) y humana (desigual reparto de población y actividades económicas, notable oposición entre el
interior y la periferia...) En definitiva, una geografía que favorece más las diferencias que las uniformidades.
También la historia ejerce el mismo papel. El carácter de España como encrucijada geográfica –entre dos mares
y dos continentes- le permitió ser lugar de paso o llegada de numerosos pueblos y culturas (fenicios, griegos,
cartagineses, romanos, judíos, musulmanes...) que han dejado su influencia. Nuestra riqueza cultural tiene
mucho que ver con todo ello pero, a cambio, se han potenciado las diferencias que contribuyen a la falta de
vertebración de España.
La primera organización territorial general de España llega cuando Roma divide Hispania en
dos provincias: Citerior y Ulterior. Más tarde, Augusto define tres provincias: Bética, Lusitania y Tarraconensis,
subdivididas administrativamente en conventos jurídicos. Esta división es el origen de futuros territorios con
personalidad propia: Andalucía, Aragón, Cataluña-Valencia y Extremadura. En el Bajo Imperio Hispania se
articuló en seis provincias: Bética, Lusitania, Tarraconensis, Cartaginensis, Gallaecia y Balearica. Más tarde los
Visigodos imponen una división provincial que es casi un calco de la romana.
La invasión musulmana inició un largo proceso de casi ocho siglos durante los cuales el “mapa de España” está
sometido a continua transformación, como resultado de la Conquista, Reconquista y las complejas relaciones
entre Al-Andalus y los diferentes reinos cristianos y el mapa peninsular se complicará aún más tras la
disgregación del Califato, cuando a la diversidad de reinos cristianos se suma la variedad de reinos de taifas en
territorio musulmán.
El reinado de los Reyes Católicos se ha venido considerando como el inicio definitivo de la unidad de España,
pero ello es muy matizable. Cada reino conservó sus Cortes e instituciones, su moneda… y, tras la muerte de
Isabel, sólo razones dinásticas explican que ambos reinos volvieran a unirse bajo el emperador Carlos. Poco
después Felipe II tuvo que enviar tropas castellanas a Aragón para acabar con el nacionalismo.
Entre los siglos XVI y XVII la estructura político-territorial de España seguía sin ser unitaria. Castilla, Aragón y
Navarra mantuvieron sus instituciones (dentro de la Corona de Aragón se repetía la situación entre los reinos de
Aragón, Valencia y Mallorca) y continuaba la multiplicidad de jurisdicciones y privilegios forales.
La situación cambia con la llegada de los Borbones. Los decretos de Nueva Planta suprimieron las leyes e
instituciones propias del reino aragonés e implantan un modelo centralizado, lo que lleva a modificaciones en el
diseño territorial.
No será hasta 1833 cuando se produzca la definitiva desaparición de los reinos como entidades administrativas.
Entonces, Javier de Burgos creó la aún vigente división provincial (49 provincias que se convirtieron en 50 en
1927 al dividirse la de Canarias en dos).
Será en 1978 cuando, amparándose en el título VIII de la Constitución, se inicie la reordenación territorial que da
al país el actual diseño autonómico, que realmente no introduce grandes cambios en el diseño territorial, ya que
11 de las 13 antiguas regiones permanecen invariables. Los principales cambios afectaron a Castilla la Vieja
(nombre que tenía antes de unirse a León para formar Castilla-León) que pierde Santander y Logroño, que
pasan a crear las comunidades de Cantabria y La Rioja. De Castilla La Nueva se separó Madrid, que quedó
también configurada en comunidad uniprovincial, aunque la pérdida se compensó con la incorporación de
Albacete, a su vez, desgajada de Murcia, que quedó también como Comunidad autónoma uniprovincial.
LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y REGIONES.
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,La estructura de España en Comunidades Autónomas se recoge en la actual Constitución. Una comunidad
autónoma es una entidad territorial dotada de autonomía legislativa y competencias ejecutivas, así como de la
facultad de administrarse mediante sus propios representantes.
Desde mediados del XIX se buscará romper el centralismo administrativo, optándose entre el federalismo y la
autonomía, aunque será a finales del XIX cuando empiecen a manifestarse los regionalismos o nacionalismos.
Estos identificarán, como los románticos, nación y pueblo, y mitificarán su historia, sus leyes y fueros, sus
costumbres, su lengua, etc. hasta desarrollar un movimiento político denominado nacionalismo periférico porque
se materializó en algunas regiones periféricas: Galicia, País Vasco, Cataluña y Andalucía, fundamentalmente.
Los nacionalismos comienzan proponiendo que sus regiones tengan autonomía de gobierno frente al poder
central y, hacia 1913, se acepta que las provincias puedan mancomunarse, cosa que aprovechan Cataluña, País
Vasco, Asturias..., pero la dictadura de Primo de Rivera corta el proceso.
La Constitución de la Segunda República reconoció el derecho a la autonomía, pero el proceso fue lento. Se
presentan numerosos proyectos de estatutos de autonomía (Cataluña, País Vasco, Aragón, Galicia, Andalucía...)
pero sólo se aprobaron el catalán y el vasco, este ya en plena guerra civil y sin ninguna consecuencia real.
El régimen de Franco eliminó cualquier posibilidad de autonomía, por lo que con la transición democrática el
problema de la estructura de España volvió a aparecer. La Constitución de 1978 intentó resolverlo en el título
VIII, donde España se define como un Estado plurinacional y se reconoce el derecho a la autonomía de las
regiones, marcando cual debía ser el proceso de acceso a la misma. Tras este proceso se establece la
existencia de 17 autonomías.
La Constitución de 1978 preveía dos formas de constituirse en comunidad autónoma: la llamada vía rápida,
establecida en el artículo 151, a la que se acogieron Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía; y la vía lenta,
según lo dispuesto en el artículo 143, que siguieron el resto de comunidades.
La Constitución establece que las comunidades tienen competencias exclusivas en diversos asuntos: políticas
(organizar sus instituciones de autogobierno); económicas (agricultura, ganadería, pesca, comercio…); en
infraestructuras y transportes (carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos…) y en ordenación del territorio
(urbanismo, medio ambiente y vivienda); sociales, sanitarias y culturales, deportivas y de ocio (museos,
bibliotecas, turismo, etc.).
Al generalizarse las autonomías la provincia perdió la importancia que antes tenía y se convirtió en el ente que
agrupa a los municipios, a la vez que se revalorizaban las comarcas en el interior de cada autonomía, al
quererse potenciar el valor económico o turístico de comarcas que hasta ahora habían sido infravaloradas. En
algunas CC.AA., como Cataluña, las comarcas tienen poder administrativo, mientras que
en otras, como Andalucía, son denominaciones de zonas geográficas con características físicas comunes.
DESEQUILIBRIOS REGIONALES.
Contrastes regionales.
La simple visión del mapa autonómico nos muestra grandes contrastes: comunidades muy pequeñas frente a
otras que superan en tamaño a Portugal (Castilla- León); comunidades uniprovinciales y otras que reúnen 8 o 9
provincias (Andalucía y Castilla-León).
Las comunidades autónomas litorales disponen de mejores condiciones geográficas y mayores recursos (costas,
climas, suelos…), lo que ha favorecido el desarrollo de determinadas actividades (industria, turismo, agricultura
intensiva…), estimulado su crecimiento demográfico y potenciado su desarrollo económico.
Por contra las comunidades interiores –a excepción de Madrid- presentan peores condiciones naturales: climas
continentalizados, orografía compleja, suelos de poca calidad… Por eso suelen ser las zonas menos
densamente pobladas y las peor dotadas de infraestructuras y tejido industrial.
En este panorama tienen mucho que ver la historia y determinadas decisiones de carácter político, pero también
los factores geográficos naturales. Todos estos factores, entrecruzados, han creado importantes desequilibrios,
evidentes en los capítulos demográfico, económico y social
2
,Desequilibrios demográficos.
La población se distribuye muy desigualmente sobre el territorio. La densidad media para España es de 93
hab/km2, pero con grandes diferencias entre comunidades y provincias: de los más de 750 hab/km2 de Madrid a
los 25 hab/km2 de Castilla-La Mancha. Hay un fuerte contraste entre un litoral muy poblado y un interior
semivacío. La prueba es que casi la mitad de la población se concentra en sólo 4 comunidades autónomas:
Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia; mientras en la España interior hay grandes zonas con bajas
densidades. Las fuertes densidades de la periferia se acentúan sobre todo en las comunidades autónomas
mediterráneas y las principales islas, frente a las que encontramos un progresivo vacío del interior, salvo en
zonas como Madrid y su entorno y los ejes del Ebro y del Guadalquivir.
El contraste se da también en los comportamientos demográficos: al mayor crecimiento natural de Murcia,
Madrid, Andalucía… se opone el crecimiento negativo de la Cornisa Cantábrica, Galicia o Castilla-León
Desequilibrios económicos y sociales.
Los desequilibrios económicos entre las regiones españolas no son recientes, ya que comenzaron con el inicio
de la industrialización en el siglo XIX, al concentrarse el desarrollo industrial y económico en una pocas áreas
del país (Cataluña, País Vasco, Asturias y Madrid). Estas diferencias se agudizaron con el segundo proceso
industrializador y el auge del turismo de los años sesenta del siglo XX.
Uno de los indicadores más significativos de las desigualdades entre comunidades autónomas es la aportación
al PIB: casi el 60% de la producción la proporcionan Cataluña, Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana,
que también son las comunidades con mayor población.
El valor absoluto de la producción no permite conocer el nivel de vida de la población, y por ello el grado de
desarrollo de cada región se mide de forma más indicativa a través de la renta per cápita, que relaciona el PIB
de cada comunidad con su número de habitantes. Analizando la renta per cápita, Cataluña y Madrid se sitúan en
primer lugar, seguidas de Navarra, Baleares, País Vasco y La Rioja. Por otro lado, Ceuta, Melilla, Extremadura,
Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia son las comunidades con renta per cápita más bajas.
Se puede decir, de manera general, que las comunidades autónomas más desarrolladas coinciden con aquellas
en las que el sector secundario y el terciario tienen un peso importante, y las menos desarrolladas las que tienen
un sector primario todavía significativo.
Por lo que se refiere a la población activa, aunque la media española muestra un claro predominio del sector
terciario, un sector secundario estabilizado y un sector primario reducido, típico de las economías
postindustriales, hay importantes diferencias entre comunidades autónomas: así en Madrid, Baleares o
Canarias, más del 70% del empleo es terciario, mientras que en Galicia, Extremadura, ambas Castillas,
Andalucía y Murcia, el porcentaje de población activa dedicada al sector primario está por encima de la media
nacional.
POLÍTICAS REGIONALES Y DE COHESIÓN.
Los desequilibrios territoriales entre regiones en España se han convertido desde hace muchos años en un
importante problema, que, sigue necesitando diferentes políticas correctoras: las políticas regionales españolas,
las políticas regionales de la UE y las actuaciones relacionadas con la ordenación del territorio.
Las políticas regionales en España
Antes de 1978 las políticas regionales para combatir los desequilibrios territoriales no comenzaron como tales
hasta la puesta en marcha de los Planes de Desarrollo, en la década de los sesenta del siglo XX. Estos planes
se basaban en la industria como motor de desarrollo y fomentaban las instalaciones industriales en las áreas
menos favorecidas e industrializadas con diversos tipos de incentivos a través de los llamados Polos de
Promoción y Desarrollo.
Con la Constitución de 1978 y la nueva división administrativa en autonomías, las políticas regionales pasan a
depender en gran parte de los gobiernos autónomos y de las administraciones provinciales y municipales. A
partir de este momento la política se encamina a lograr un desarrollo regional equilibrado, que favorece a las
regiones más periféricas y fomenta el desarrollo endógeno, el empleo, las infraestructuras o la innovación
tecnológica. Hasta 1988 las políticas regionales para la corrección de desequilibrios territoriales estarán
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, enmarcadas por la reestructuración industrial posterior a la crisis económica de los años setenta. Principalmente
se llevaron a cabo a través de dos instrumentos: las Zonas de Urgente Reindustrialización (ZUR) y la política de
incentivos regionales.
A partir de 1988 las políticas de incentivos regionales son complementadas por el Fondo de Compensación
Interterritorial (FCI). Hasta 1990 se beneficiaban todas las CC.AA, pero a partir de entonces se ha reservado
exclusivamente a las comunidades con la renta per cápita inferior a la media, como Andalucía, Galicia, Castilla y
León o Extremadura.
Las políticas regionales de la U.E.
Por otra parte, España forma parte de la UE, por lo que también se integra en la política regional europea. Se
trata de una política de desarrollo regional iniciada en 1975 cuya finalidad es solucionar los diferentes
desequilibrios territoriales, económicos y sociales que existen en la Unión Europea. Para realizar esta función se
lleva a cabo la distribución de recursos de manera coordinada, como pueden ser infraestructuras, formación,
ciencia y tecnología, capital y equipamientos privados.
Los pilares sobre los que se asienta la política regional europea son los fondos estructurales, los fondos de
cohesión y las iniciativas comunitarias.
Los fondos estructurales se establecieron en la UE para favorecer el desarrollo de las regiones con una renta
inferior al 75% de la media comunitaria y para la reconversión socioeconómica de las zonas agrarias, pesqueras,
industriales o urbanas en crisis. Los fondos estructurales más importantes para alcanzar los objetivos de la
política regional de la UE son el FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), el FEOGA (Fondo Europeo de
Orientación y Garantía Agraria), el IFOP (Instrumento Financiero de Orientación Pesquera) y el FSE (Fondo
Social Europeo).
Los fondos de cohesión se crearon en 1993 para financiar grandes proyectos de transporte y medio ambiente en
los países menos desarrollados de la UE, que en aquel momento eran Grecia, Portugal, Irlanda y España.
Las iniciativas comunitarias son programas especiales de la Comisión Europea diseñados para resolver
problemas graves que afectan a toda la UE y cuyos gastos son cofinanciados por los fondos estructurales y los
estados miembros. Es el caso de programas como INTERREG, LEADER, URBAN, etc.
Las políticas regionales de la UE en España han supuesto la recepción de un importante número de ayudas,
especialmente en forma de fondos de cohesión, ya que la mayoría de las regiones españolas estaban por
debajo de la media de las europeas. Estas ayudas han favorecido la disminución de los desequilibrios
interterritoriales entre las CC.AA. al concentrarse en las más desfavorecidas. De todos modos, España ha
dejado de percibir una cantidad importante de ayudas como consecuencia de las últimas ampliaciones de la UE
que han permitido la adhesión de algunos países de la Europa del Este, con niveles de renta sensiblemente
inferiores a la media europea y a la española.
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