Tema 3. La dictadura de Primo de Rivera.
El 13 de septiembre de 1923 el levantamiento militar de Miguel primo de Rivera,
capitán General de Cataluña, acabo con el gobierno constitucional y accedió al poder
con el beneplácito del rey, el apoyo del ejército, la adhesión de las organizaciones
patronales y católicas y la indiferencia y pasividad de la mayoría de la población.
El brazo militar.
A la 1:30 de la madrugada del 13 de septiembre de 1923, el teléfono de capitanía
general se puso en contacto con las relaciones de los diarios de Barcelona. Primo de
Rivera hizo entrega de unas cuartillas con el ruego de que se insertaron en todos los
periódicos. El manifiesto, dirigido al país y al ejército, declaraba que había llegado el
momento de salvar a la patria. Alguien tenía que terminar con la indisciplina social
creada por los asesinatos, los atracos, la impunidad de la propaganda comunista, el
descaro del separatismo y las rastreras intrigas políticas. Para ello, se constituiría en
Madrid un directorio inspector militar con carácter provisional encargado del
funcionamiento de las instituciones y del mantenimiento del orden público. Los
militares comprometidos con el movimiento se proponían evitar derramamiento de
sangre, convencidos de que no había contra.
A las tres de la madrugada varios piquetes se incautaban de las centrales telegráficas y
telefónicas. Dos horas más tarde, las tropas se dispersaban por las calles de la ciudad
condal y procedían a fijar el bando que declaraba el estado de guerra. A la noche ser del
día siguiente salía para Madrid para recibir de manos del rey y Hele A las tres de la
madrugada varios piquetes se incautaban de las centrales telegráficas y telefónicas. Dos
horas más tarde, las tropas se dispersaban por las calles de la ciudad condal y procedían
a fijar el bando que declaraba el estado de guerra. A la noche ser del día siguiente salía
para Madrid para recibir de manos del rey El encargo de formar nuevo gobierno. Fue la
primera intervención corporativa del ejército que no tenía ninguna intención de ceder el
poder un partido un líder político, sino que planeaba la construcción de un régimen
militar.
En las horas cruciales la sublevación se vio claramente favorecida por la abstención del
curso del ejército, la debilidad del gobierno, la pasividad de la opinión pública y por los
pasos seguidos por el rey. Apenas hubo reacciones de protesta. Ni por los partidos
dinásticos ni por los republicanos. Contó con el apoyo abierto de los maurista, los
tradicionalistas, la Lliga y el partido social popular. El PSOE y la UGT pidieron
tranquilidad y hubo conatos de protesta promovidas por la C.N.T. y los comunistas.
Primo de Rivera había amenazado con el uso de la fuerza contra cualquier intento de
oposición. Pero no hizo falta. El gobierno había dimitido, algunos de sus miembros
habían unido al extranjero, el rey había dado su aprobación y España tenía un nuevo
gobierno llamado el directorio.
El 12 de noviembre, Melquiades Álvarez y el conde de Romamones, como presidentes
del congreso y del Senado, fueron a visitar al rey para recordarle que debía convocar las
cortes. Alfonso XIII creo un Real decreto que destituya a los presidentes y disolvía las
comisiones del gobierno anterior.
, El directorio militar quedó constituido por ocho generales y un contralmirante que
representaban a las armas y cuerpos del ejército sin atribuciones. Primo de Rivera
ejercía todo el poder como ministro único, auxiliado por Severiano Martínez anido, y
Miguel Arlegui. Los delitos contra la seguridad y la unidad de la patria quedaron
sometidos a los tribunales castrenses, se suspendieron las garantías constitucionales y se
implanto una severa censura de prensa.
Las medidas represivas fueron implacables con los anarcosindicalistas y los comunistas.
La mayoría de los centros de la C.N.T. fueron registrados y clausurados y sus dirigentes
detenidos. La persecución policial de los activistas comunistas dejo al PCE con menos
de medio millar de militantes en toda España. El Real decreto del 18 de septiembre
ordenó la persecución del separatismo. En el País Vasco el PNV quedó fuera de la ley y
cerraron sus puertas todos los batzokis y sociedades aberrianas. En Cataluña estát Català
y acción catalana, pasaron a la clandestinidad.
El centralismo del directorio militar se construyó a golpe de decreto. El 20 de
septiembre de 1923 los gobernadores civiles fueron sustituidos por los militares. Diez
días más tarde se disolvieron los más de 9000 ayuntamientos de España, ocupados por
vocales asociados, las diputaciones provinciales que dejaron sus competencias en manos
de gestoras.
Todas estas medidas se explicaban como parte de un programa regeneracionista. En la
misma línea se citaban la supresión del tribunal del jurado y de todos los tribunales
municipales y hubo una progresiva institucionalización del control militar de la
sociedad civil. La prueba más evidente fue la creación de la figura de los delegados
gubernativos.
El Real decreto de 17 de septiembre de 1923 extendió por toda España el somatén se
trataba de una milicia armada que en momentos determinados podía utilizarse como
fuerza auxiliar con los cuerpos de seguridad y serviría para encuadrar a los hombres de
bien, a los ciudadanos sanos dispuestos a colaborar con las autoridades del régimen,
siempre bajo tutela militar.
En enero de 1924 Unamuno fue desterrado a Fuerteventura y cesado como catedrático y
vicerrector de la Universidad de Salamanca. La clausura del ateneo y el eco del castigo
infringido una mono provocaron las primeras protestas de los intelectuales contra el
régimen.
El proceso de institucionalización del régimen tomo impulso en la primavera de 1924.
En marzo se creó el Consejo de economía nacional, un organismo corporativo
encargado de canalizar los intereses, regular las medidas de protección de la economía y
sentar las bases de una política intervencionista. La política social quedó en manos del
subsecretario de trabajo, que impulsó el Consejo superior de trabajo, como el ciento
hostia y acabo integrando el Instituto de reformas sociales dentro del Ministerio de
Trabajo. Se trataba de regular las relaciones laborales.
El nombramiento de los diputados provinciales y concejales elección popular quedó en
manos de los gobernadores civiles. El 5 de abril de 1924, el directorio publicado una
nota que anunciaba la progresiva separación de los cargos del gobernador civil y